Nota de prensa: En pie de guerra contra el proyecto de Ley de Justicia Gratuita que prepara el Gobierno

Jóvenes Abogados en Movimiento de Sevilla se concentran para posicionarse en contra de este proyecto legislativo que consideran que impide el acceso a la justicia de los ciudadanos más desfavorecidos.

Desde la asociación de jóvenes juristas se quiere denunciar el Proyecto de Ley que prepara el Gobierno de Rajoy. Con esta propuesta legislativa se dejan fuera de la justicia, sin posibilidad alguna de defensa, a muchos ciudadanos, reduce de manera considerable los mínimos de renta exigida para el acceso a un abogado de oficio.

Junta Directiva de JAM Sevilla

Junta Directiva de JAM Sevilla

Con esta nueva ley se dificulta el acceso a los Servicios de Orientación Jurídica adscritos a los Colegios de Abogados -servicios que hasta la fecha han sido inexistentes- además de perjudicar gravemente la calidad del servicio, ya que se elimina el criterio del domicilio profesional, donde cualquier letrado de cualquier Colegio podrá darse de alta en el Turno de Oficio, independientemente de cuál sea su domicilio profesional y su Colegio de adscripción. Así en el caso de que un ciudadano requiera un servicio de asistencia jurídica urgente puede ser llamado un abogado domiciliado en otra provincia lo que perjudicaría gravemente la calidad del servicio.

JAM alerta que no es segura la financiación del servicio, ampliado a nuevos colectivos, a sabiendas que no se destinan recursos económicos para ello, como es el caso de la ampliación del servicio a personalidades jurídicas (empresas), teniendo en cuenta la coyuntura económica es bastante dudoso el alcance de este servicio, además de quebrar el principio de igualdad y dificultad gravemente la libre competencia del ejercicio profesional.

Aseguran que se maltrata todavía más al abogado de oficio, precarizando un servicio público. No se garantiza presupuesto alguno para el pago de retribuciones en los casos en los que haya que atender de manera inmediata a un ciudadano y posteriormente se le deniegue su solicitud de justicia gratuita. No se establece unas retribuciones dignas, ni se tiene en cuenta un sistema de actualización periódica de las mismas. Además el anteproyecto pone límites a la libertad e independencia de los abogados.

Alertan de que se mantiene la duplicidad en la tramitación de expedientes lo que entendemos es un gasto totalmente innecesario y que demora el reconocimiento al ciudadano de la Justicia Gratuita. Además con esta nueva ley se sospecha del ciudadano diciéndose que: “salvo prueba en contrario, se presumirá el abuso del derecho y se desestimará la petición de justicia gratuita, cuando se haya solicitado su reconocimiento más de tres veces en un año, con excepción del orden penal”. Lo cual entienden que es una sospecha totalmente injustificada.

Otro de los puntos en desacuerdo, de la nueva reforma, es la importancia, y necesidad, de contar con una “unidad familiar” para poder beneficiarnos de una asistencia jurídica gratuita. Ahora se diferenciaran los umbrales en función de los miembros de la unidad familiar, de manera que las personas no integradas en la unidad familiar contaran con mayor dificultad para ejercer el  derecho a la justicia gratuita. Si los recursos económicos, que una persona puede llegar a tener, son superiores a dos veces el IPREM(es decir, 12.780€) el acceso a la justicia ya no será gratuito.  Para las unidades familiares de: dos o tres miembros el umbral de acceso será el de dos veces y media el IPREM (es decir, 15.975,333), y en las familias de cuatro o más miembros la referencia será el triple del IPREM(es decir, 19.170,39e).

En el caso de las familias especiales el límite para poder acceder a la justicia gratuita se eleva a cuatro veces el SMI (salario mínimo interprofesional), es decir, actualmente serian 29.821e

Por todo lo dicho desde JAM Sevilla quieren transmitir su desacuerdo con tal proyecto. Aseguran estar totalmente de acuerdo en la necesidad de una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, es un hecho la necesidad de su renovación, adecuando la ley a las necesidades de la sociedad actual que beneficie al interés del ciudadano, sin discriminarlos según el patrimonio individual de cada uno, y que dignifique la figura del abogado de oficio. Pero, sin embargo, el actual proyecto es todo lo contrario porque ya no solo no resuelve los problemas actuales del servicio sino que recorta derechos al ciudadano, precariza la figura del abogado de oficio y en general el no igualitario acceso a la justicia, dependiendo esto del patrimonio suficiente de cada ciudadano.