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Fiscal instructor sí, político no

Fin de la imparcialidad en la investigación del proceso penal si ésta es instada y promovida por el gobierno

El gobierno va a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que sea el Fiscal el que investigue sobre la perpetración o no de un delito y no el Juez Instructor, como se venía realizando hasta ahora. La Fiscalía es una institución jerarquizada y con una cabeza visible, la del Fiscal General del Estado, quien le debe su puesto al Gobierno que lo ha  nombrado a dedo. Así la Fiscalía está teñida y controlada por el poder político, que con la nueva reforma, terminará con la imparcialidad y libertad del Juez Instructor que sólo le debía su lealtad a la Ley,para encontrarnos con una nueva realidad, la de un gobierno que investiga encubierto detrás de la Fiscalía, a la que extiende sus tentáculos de poder.

Antes de cualquier reforma demandamos primero una Justicia independiente, que le deba su lealtad a la ley y no al Gobierno. Necesitamos acabar con la politización del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, y de la Fiscalía, todo ello antes de tener una Fiscalía Investigadora. Con un Fiscal General que le deba su puesto al Gobierno, o  que se vea sometida a la presión de éste para investigar según sus intereses, acusando o archivando los procedimientos según le convenga con fines electorales o aún peor, para eliminar a posibles enemigos políticos. Qué ocurrirá si la Fiscalía tiene la obligación de investigar a un enemigo del Gobierno, o qué ocurrirá si el Fiscal tiene la obligación de investigar al Gobierno. No está en duda la imparcialidad o la legalidad de la Fiscalía, sino del temor al inconmensurable poder y a la presión que podrá ejercer sobre esta el Gobierno, presión difícil de soportar.

Como siempre somos los ciudadanos los que salimos perjudicados. Hemos perdido a excelentes Jueces y Fiscales que por su defensa acérrima y lealtad a la ley, han tenido que huir de sus carreras judiciales debido a la caza de brujas que desde la política se está llevando a cabo con el fin de controlar y dominar a la Justicia. Qué Fiscalía tendremos con el paso del tiempo, si esta institución se ve sometida a la constante e insoportable presión del Gobierno, que vela más por aferrarse al poder que por defender la legalidad. Qué le incitará a un jóven Fiscal para entrar a formar parte de esta institución que estará sometida a un Fiscal General y a un gobierno que lo pueda presionar o manipular según su propio interés.

Con la nueva reforma todos los ciudadanos quedaremos en las manos y en la arbitrariedad de la clase política, que al controlar el poder de la acusación e investigación controlará nuestra libertad. Nuestros partidos políticos, no contentos con haber intoxicado ya todas nuestras instituciones, y entre ellas la más valiosa de todas, la Justicia, desean ahora dirigir el procedimiento investigador en una causa penal, y esto es peligroso porque la Justicia no puede quedar a la arbitrariedad del poder político, ya que “sin Justicia no hay Libertad”.

No olvidemos que el verdadero deber del Estado consiste en defender la libertad y el orden de los ciudadanos, únicos dueños y merecedores del sistema, que hoy, en pleno S.XXI, corre el riesgo de desmoronarse, y no porque la democracia no sea viable, sino porque el poder político lucha por acaparar más y más.

El procedimiento Penal, tendente a condenar y a mandar a prisión a los culpables, va a ser controlado por un Fiscal investigador que hará también de acusador. La Fiscalía debe de ser fiel a la Ley y a los intereses de la ciudadanía y no al Gobierno, intereses tan opuestos que es imposible serles fieles a ambos. Es posible que nuestro procedimiento necesite de un Fiscal investigador, pero primero deberíamos de acometer reformas más sustanciales para la defensa de nuestros derechos.

Me asaltan dudas sobre cómo se investigará un hecho presuntamente delictivo que afecte al gobierno por un Fiscal afín y nombrado por el gobierno. Cómo se investigarán asuntos tan delicados como fueron el GAL, el Faisán o el 11-M. Si el poder político que ya controla a la Fiscalía, ahora también controla la investigación, le estaremos dando al Gobierno un Poder ilimitado, que hasta ahora al menos era equilibrado por un Juez Instructor, imparcial y que su puesto sólo se lo debía a la Ley y no a los colores de la política. Creamos con esta reforma un poder político, que disfrazado a través de la Fiscalía investigará y acusará a los ciudadanos, lo cual en democracia es intolerable. El Gobierno debería de limitarse a legislar con el fin de hacernos vivir mejor y no de buscar cómo controlar o hacer Justicia, pues ese no es su cometido.

La cuestión no es quien investigue, si el Juez o el Fiscal, sino el cómo se investiga. Qué calidad tendremos y qué respeto hacia nuestros Derechos Fundamentales, tan lesionados en la actualidad. Derechos que no pueden quedar a la arbitrariedad de un partido político preocupado más de acaparar Poder, que de la defensa de la Ley. Una Fiscalía investigadora no es el problema, una Fiscalía politizada sí, tristemente en España lo primero no lo tenemos pero lo segundo sí. No está en juego quien debe de investigar sobre un hecho delictivo, sino algo mucho más delicado, la defensa de la Justicia y de nuestra libertad. No es de recibo que la persona que acuse e investigue sostenga sobre sus hombros toda la presión del gobierno, pues no hay cuerpo que por sólido que sea pueda soportar presión de tal magnitud.

Posiblemente un Fiscal Investigador pueda ser necesario, pero primero acometamos reformas más determinantes como el de la independencia del Fiscal General del Estado y por ende del Ministerio Fiscal. La Fiscalía, compuesta por excelentes profesionales que con sus vidas luchan por que los ciudadanos vivamos mejor, no se merece caer en manos de los intereses partidistas del poder político. Cuando los demócratas cedemos en nuestros principios a los autoritarismos, éstos comienzan a surgir. No le otorguemos más poder al Gobierno del que puede soportar. Los regímenes autoritarios no llegan de un día para otro, sino tras un largo proceso de inserción en la sociedad. No caigamos en la fantasía de creer mejorar el procedimiento penal con una Fiscalía que investiga, sino que pidamos primero una Fiscalía independiente, respetada y libre de las influencias del poder político, leal solo al imperio de la Ley. Trabajemos por la división de poderes por la que abogaba Montesquieu, y por la independencia de nuestras instituciones, suficientemente teñidas ya por los partidos políticos, antes de que sea demasiado tarde. Como dijo Edmund Burke, El pueblo nunca renuncia a sus libertades si no es por el engaño de una ilusión”.

Juan Gonzalo Ospina Serrano
Abogado 

*La opinión del presente artículo es del autor y no vincula a la presente plataforma.