David contra Goliat

El abuso del poder y la indefensión del ciudadano

En un Estado de Derecho todos los ciudadanos y los poderes públicos deberíamos ser iguales ante la Ley con el fin de lograr una sociedad realmente Justa. Las leyes nacen con el fin garantizar nuestro Derecho a la Libertad, Igualdad y Justicia, ante el abuso de cualquier poder que atente contra ellos.

La revolución norteamericana de 1.776 llevaba en su esencia estos principios adheridos, Libertad e Igualdad como derechos Fundamentales inherentes a todo ser humano por el mero hecho de serlo, ideales reflejados en la Declaración Universal del Hombre y el Ciudadano de 1.789, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1.945, Derechos pilares en una sociedad que construye la defensa de la civilización en contra de la barbarie.

Pero no nos engañemos, en España estos Derechos solamente quedan en el papel lejano de nuestra Constitución y para la firma de grandes tratados. Los mismos lejos de hacerse realidad, hacen que nuestras Leyes y nuestro ordenamiento jurídico hayan construido una sociedad en dónde “todos no somos iguales”. En España los ciudadanos no somos iguales ante la Ley cuando es una administración pública con la que entramos en disputa o controversia. En España si un cuerpo público es quien nos limita, estamos perdidos porque ante un Juez no estaremos en igualdad material de condiciones para defendernos, ya que el ordenamiento jurídico les deja en ventaja. Si un Policía nos sanciona erróneamente en la vía pública y queremos recurrir la multa, podemos olvidarnos de ello, porque su “palabra” vale más que la nuestra, sencillamente porque la del Agente se presume veraz, mientras que la nuestra debe ser objeto de prueba. Porque en Estados Unidos, un país con más de 200 millones de habitantes, la palabra de un ciudadano y la de un policía se presumen veraces por igual, y ante un Juez las dos declaraciones tendrán la misma fuerza probatoria, pero en España no, ¿acaso nos merecemos un sistema menos justo?

En España cuando Hacienda inicia un expediente sancionador contra un ciudadano una vez éste en vía administrativa es firme ya es ejecutable, es decir, si Hacienda decide sancionarme con una multa de 50.000 euros por haber liquidado yo, como ciudadano, erróneamente mis impuestos, una vez el expediente finaliza aun pudiendo ser este erróneo, Hacienda puede embargarme directamente mi dinero de mi cuenta bancaria sin la tutela de un Juez a su libre disposición. Me pregunto yo, dónde ha quedado mi Libertad, Derecho Fundamental, si esta es flagrantemente limitada por un poder público que lejos de proveerme un servicio limita mis capacidades, y el ciudadano parece más el enemigo que el servido.

Efectivamente el ciudadano puede reclamar ante el Juez Contencioso Administrativo, pero durante los dos largos años de litigio, siendo optimista, Hacienda ya ha podido ejecutar la sanción, yo me he quedado sin ahorros, he tenido que pedir un préstamo a mis padres, sin llegar a fin de mes para pagar mis gastos. Yo como ciudadano, por la desigualdad de nuestro sistema, soy quién lo tiene que sufrir, y para que, para que tras dos años de litigios, abogados, coste y estrés, “el Juez dándome la razón no condene en las costas a la administración”, esto sí que es Igualdad.

O mejor aún, si un Ayuntamiento me impone una sanción de tráfico de 80 euros erróneamente y deseo ir ante un Juez para oponerme al pago de esta sanción, ¿voy a pagar 200 Euros de la nueva Tasa Judicial, además de abogado y procurador?, y todo para que en caso de tener la razón, el Juez reconozca que yo no debo de pagar la multa, pero nuevamente no se condene al Ayuntamiento a las costas del procedimiento que no se me reintegre el gasto que me ha ocasionado el procedimiento para defenderme, un gasto que a veces es tres veces superior a la injusta sanción inicial, me pregunto, ¿es esto igualdad?. Los ciudadanos tal y como está constituido  el sistema, con unas leyes que dan privilegios a los Poderes Públicos nos llevan a estar perdidos ante cualquier abuso de la Administración, pero que no sea de extrañar puesto que estas leyes han sido creadas por aquellos a quienes iban a beneficiar, y dónde ha quedado la soberanía popular.

Se ha creado de facto, salvo excepciones, la nueva aristocracia del S XXI, los Poderes Públicos. Estos en muchos casos nos limitan y coaccionan con absoluta libertad, el estado se ha sobredimensionado olvidando cuál era su fin, servir al ciudadano. Los ciudadanos estamos perdidos ante el abuso del poder público que sabe que se encuentra en la posición dominante de la partida, y limitarnos sin coste o consecuencia alguna. En la Edad Media el Poder era ejercido arbitrariamente por los señores feudales, y ahora en el S.XXI este poder arbitrario que tristemente no hemos eliminado sigue existiendo en nuestra Administración. Han existido revoluciones de derechos humanos, dos guerras mundiales, declaraciones universales, una constitución dónde se reconoce  la igualdad, pero tristemente ésta  se queda en una mera ilusión.

Igualdad ante la Ley como principio y razón debiera de ser una premisa de cualquier gobernante pero ningún legislador va a ir en contra de los principios que beneficia a su propio sistema, y no al de todos los demás, a no ser que tenga la suficiente fuerza moral para ello. La actual crisis no es simplemente económica sino política y estructural, los ciudadanos debiéramos exigir en un sistema que mantenemos todos, que se nos trate materialmente igual ante la ley y acabar con el abuso al que nos vemos sometidos. Un sistema en donde todos, y no sólo el más fuerte, tenga las mismas posibilidades de defenderse, ¿si un estado no consigue velar por los más débiles que son sus ciudadanos cuál es el sentido de este estado?. Si esto no cambia, todos nosotros terminaremos siendo más que súbditos de esta nueva oligarquía del S.XXI, como bien dijo E. Burke, “para que triunfe el mal sólo hace falta que los buenos no hagan nada”.

Juan Gonzalo Ospina Serrano
Abogado

*La opinión del presente artículo es del autor y no vincula a la presente plataforma.