Sic Semper Iustitia

Juan Gonzalo Ospina – Presidente de JAM

Es vergonzoso -además de peligroso para nuestra salud democrática- observar el flagrante ataque que está sufriendo el Poder Judicial por parte del Poder Político en esta trágica etapa de nuestra endeble democracia. La explosión de la corrupción brota en todos los niveles.

Cuatro años de Facultad, más otros cuatro años estudiando los temidos temas de la oposición durante más de nueve horas al día. En total, ocho años estudiando, para que unos pocos aprueben y consigan su anhelada meta: formar parte del Poder Judicial. Este mérito y sacrificio brindado por algunos para que los demás podamos vivir en paz y Libertad, merece, per se, todo nuestro respeto.

El Juez que tiene que resolver si un ciudadano es o no culpable, si merece o no quedarse privado de su bien más preciado (la Libertad) es un valiente. El Juez tiene que soportar en sus hombros la pesada carga moral -además de la legal- de condenar o absolver a un ciudadano, y esto se merece todo nuestro respeto. Magistrados que respetan con templanza y razón el desempeño de nuestro trabajo, que nos permiten a los abogados ejercer con motivación, sosiego y respeto nuestra profesión en el servicio que damos a nuestros ciudadanos.

Penoso que para más inri ha venido el Consejo de Europa a sacarnos los colores dándonos “recomendaciones” sobre cómo eliminar la corrupción. Me pregunto si acaso era necesario que vinieran desde una Institución Paneuropea para decirnos que el TC está politizado, o si, por el contrario, esto ya lo sabíamos. También me pregunto si acaso no sabíamos ya que el Fiscal General del Estado –supuestamente máximo garante de la legalidad– le debe su puesto al gobierno, quebrando vergonzosamente su propia independencia.

Pero también sentimos con desprecio la gran lacra de nuestra Democracia: la politización de la Justicia. Este es el cáncer de nuestro sistema, que cada vez devora más el cuerpo enfermo de nuestra querida España. Generan desolación las críticas –políticas– que se vierten sobre algunos magistrados cuando sus decisiones no son políticamente correctas. La Justicia no es ni tiene que ser políticamente correcta.

¡Qué crítica más populista la que ejercen los partidos políticos cuando les interesa! Pero, sin embargo, no hemos escuchado ninguna crítica acerca de la filtración ocurrida por parte del Ministerio del Interior momentos antes de una operación policial que terminó con más de ocho detenidos. Y esto, que sí que es un delito, se convierte en un simple “error”. Sin comentarios.

Y es que quien controle la Justicia controlará el país: por eso, si eliges a los Magistrados Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, ya vendrás más adelante a pedirles el favor. Sentirse amo y señor de su propio sistema, delinquir y quedar absuelto, al tiempo que estableces tus propias doctrinas para amoldar las leyes a tus intereses, “doctrina Botín”, “doctrina de los Albertos”, o la “doctrina Parot”. Todo eso nos deja al resto de los ciudadanos vendidos ante el poder.

Además, la politización de la Justicia hace que España sea -como decía Machado- un país de pandereta. Pero, sobre todo, hace que exista una flagrante inseguridad jurídica. Y no porque no tengamos unos jueces honestos y respetables, sino porque el Poder Político intoxica las instancias superiores para controlar hasta el último recoveco de independencia. Esta inseguridad hace que los ciudadanos acudan menos a los tribunales; hace que la inversión extranjera ante la inseguridad jurídica, no venga a España; y refleja la inminente campaña pública de deslegitimación que existe en contra del Poder Judicial, instigada las más de las veces por el propio Poder Político.

No nos engañemos: son los partidos mayoritarios los culpables de esta situación. Pero la mayor parte de culpa la tiene el actual Gobierno, quien ha faltado a su programa electoral. Desde la oposición, prometió despolitizar la Justicia, pero una vez investido en el poder, parece no mostrar ninguna intención de cumplir sus promesas, ¿es este es el respeto que sienten los partidos por nosotros?

El problema es que el Legislador, tan preocupado por acaparar el poder y no por agilizar la Justicia de sus ciudadanos, va imponiendo todos los mecanismos i-“legales” para que el ciudadano no pueda tener una Justicia real: la Ley de Tasas; la reforma de la LOPJ apartándose de lo que se refería en su programa; recortes en Justicia; recortes en plazas de Jueces para que los ciudadanos tengamos juicios dentro de diez años. Y cuando la ciudadanía empieza a recriminar su actuación, se crea una cortina de humo con leyes como la el Anteproyecto de la Ley del aborto.

Sin embargo, -y para la suerte de los ciudadanos- la clase política, la misma que quiere abusar y acampar a sus anchas, ha encontrado un problema que no puede controlar: la moral y la legalidad de nuestros Magistrados. Porque los Jueces de España no se venden a réditos y tintes electorales, sino que sirven al imperio de la Ley. Porque los Jueces no miran el carnet del encausado; les da igual si el corrupto es de un color u otro, no preguntan si el estafador era amigo o no del poder político. Simplemente investigan y enjuician.

Esperemos que la Judicatura no se arrodille ante los abusos y ademanes del Poder Político y que sean nuestros jueces los motores de la tan necesitada regeneración democrática de nuestro país.

Por último, y no menos importante, recordemos que la Democracia no tiene como fin enriquecer a sus dirigentes sino dar servicio a los ciudadanos. Volvamos a vivir el Espíritu de las leyes de Montesquieu, porque si seguimos con la actual hoja de ruta, entonces el sistema terminará rompiéndose para los ciudadanos y volveremos a ser de nuevo vasallos de la nueva aristocracia del S XXI, la clase política. En dónde del despotismo ilustrado, al absolutismo de Luis XVI que termino con el terror revolucionario de Robespierre solo hay un pequeño paso.

Nos preguntaremos, ¿cómo hemos llegado hasta allí?, pues simple porque, “para que triunfe el mal solo hace falta que los buenos no hagan nada”, Edmund Burke.

Juan Gonzalo Ospina
Presidente de los Jóvenes Abogados en Movimiento