La Responsabilidad Social de la Abogacía: una visión crítica sobre los primeros pasos del joven abogado

Idealismo VS Realismo, una tradicional guerra interior a la que desde jóvenes nos vemos abocados a tomar parte a la hora de definir nuestra personalidad, y que tiene en el seno de la Abogacía un fiel reflejo sobre las expectativas profesionales de cada cual, así como con el compromiso con los valores (honestidad, rectitud, confianza, compañerismo y lealtad) que deben guiar nuestra profesión. Para muchos, sin duda, la Abogacía no supone más que un medio hacia un fin: el lucro; mientras que para otros supone prestar un servicio a la sociedad, que tiene como único fin la búsqueda de una justicia igualitaria y accesible para todos. Ahora bien, ¿son realmente los dos perfiles antagónicos?

Desde una visión idealista la Abogacía, más allá de una forma de ganarse la vida, es un ejercicio de responsabilidad social en defensa de los derechos humanos y de los más desfavorecidos, quienes, a pesar de no tener los recursos suficientes para poder contratar al mejor abogado, requieren de gente comprometida con sus problemas que sepa defender sus intereses. Especialmente, el CGAE, a través de las distintas conferencias y premios que otorga en reconocimiento a la trayectoria de diversos profesionales al servicio de la justicia y libertad, sirve como canal para representar los ideales de una justicia igualitaria y accesible para todos, demostrándonos que existen abogados comprometidos cuyo único objetivo no es el ánimo de lucro a toda costa. No obstante, en los tiempos que corren no es fácil erigirse (al menos al principio de nuestra carrera profesional), como adalid de los derechos de los más desfavorecidos (bien sea a través del turno de oficio o dedicándonos en exclusiva a ello) debido fundamentalmente a las difíciles perspectivas de cobro de honorarios.

Cabe decir que abrirse camino en un mercado tan competitivo y saturado requiere de amplitud de miras y estar dispuesto a defender a todo tipo de clientes, ya que con independencia de que creamos en su verdad o no, debemos dejar nuestras emociones a un lado y simplemente pensar que todo el mundo tiene derecho a una defensa eficaz. No podemos caer en la tentación de dejarnos llevar por la corriente socioperiodística tendente a llevar  juicios paralelos de condena a raíz de meros indicios, pues debe ser el juez quien tenga la última palabra, siendo conscientes de que bajo el análisis crítico e imparcial de un profesional del Derecho, lo “justo” y lo “legal” suelen ser conceptos antagónicos en ocasiones, los cuales hemos de ser capaces de diferenciar, por mucho que a la opinión pública y determinados tertulianos les pese, los jueces aplican la ley y no la justicia, lo cual es garantía de que nos guste o no la ley aplicable al caso, tendremos un pronunciamiento judicial ajustado a Derecho y no dependiente de criterios subjetivos según el ideal de justicia que tenga cada magistrado.

Por muy loable que sea aceptar únicamente causas con las que nos identificamos plenamente, un joven letrado no está en condiciones de rechazar casos que vayan a reportarle beneficios y reputación, es más, debe obligarse a ello si quiere prosperar, puesto que de lo contrario, cientos de compañeros lucharán por hacerse con la causa del cliente que hayamos rechazado. Es por ello que, bajo mi humilde opinión, considero vital ampliar nuestra mentalidad y comprender que la verdad suele tener siempre dos caras entre las cuales habremos de aprender a movernos si queremos ser unos buenos profesionales cuyas emociones y opiniones no influyan en la calidad del servicio que ofrecemos a nuestro cliente.

¿Significa esto que el abogado al final puede quedar abocado a ser una merca “conciencia en alquiler”? Para algunos inevitablemente así será; para otros, en cambio, solo será el reflejo de nuestro compromiso con la justicia y con la función social de esta profesión. Culpable o no, todo el mundo tiene derecho a un abogado al igual que todo el mundo tiene derecho a que lo atienda un médico, ¿o acaso imaginan a un doctor rechazando atender a un inmigrante o un delincuente herido de gravedad por motivos personales, no amparados en el derecho a la objeción de conciencia?

Mención especial requiere el hecho de la creciente internacionalización del Derecho, siendo necesaria a nivel europeo e internacional una estrecha colaboración entre los distintos profesionales del Derecho, para garantizar una justicia eficaz y criterios uniformes en cuestiones que excedan del ámbito territorial de aplicación de las leyes internas. El abogado del s. XXI debe ser consciente de este fenómeno y bajo qué cauces debe enfocar la defensa de su cliente cuando a nivel interno sean insuficientes los medios legales, por lo que en este sentido, cobra vital importancia el conocer los cuerpos normativos europeos e internacionales, así como el funcionamiento de los órganos judiciales supranacionales.

En un mercado laboral cada vez más tendente hacia la especialización, aprovechar este fenómeno de internacionalización del Derecho puede suponer un excelente nicho de mercado si obtenemos un amplio conocimiento de los distintos cuerpos normativos que conforman el Derecho de la UE tanto a nivel de relaciones privadas entre particulares como en cuestiones de orden público. A tal fin, el estudio concienzudo de idiomas extranjeros, como Inglés o Francés, puede marcar la diferencia y abrirnos muchas puertas, máxime si en nuestro futuro cercano nos dedicamos a esta disciplina y habremos de tratar con colegas de profesión de diferentes países y litigar ante tribunales extranjeros, negociar e interpretar cláusulas contractuales, etc. No es de extrañar por ello que las principales empresas y grandes despachos de abogados (los cuales cuentan con un tejido empresarial en continua expansión más allá de nuestras fronteras) consideren el conocimiento de un segundo idioma al más alto nivel una competencia profesional clave y determinante a la hora de decantarse por un candidato u otro.

Gonzalo Sánchez Barrachina
Portavoz y Secretario de Asuntos Jurídicos de JAM Sevilla