Libertad sin límites

Loreto Frutos - Abogada

Loreto Frutos

De nada sirve predicar románticos ideales constitucionales si no se garantiza su efectividad, permitiendo que se sobrepasen los límites que establece la propia Ley. Esto es lo que ha ocurrido el pasado 20 de Noviembre en la Universidad Complutense de Madrid, donde se consintió, un año más,  una manifestación no autorizada que desencadenó un trágico suceso.

Ningún 20-N transcurre sin altercados. Cada año, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Franco y de Primo de Rivera, diversos grupos de ultra izquierda se reúnen y se manifiestan  -sin la preceptiva autorización­- contra lo que ellos llaman “el fascismo”, terminando su recorrido en la entrada de la Facultad de Derecho, con la intención de irrumpir en la misma por considerarla un resquicio del régimen franquista. Cada 20-N, durante el transcurso de esta concentración, las puertas del edificio se mantienen cerradas para impedir el paso a estos grupos de radicales, imposibilitando el acceso al mismo de cualquier persona.

Estas marchas anuales no son ni mucho menos pacíficas, sino todo lo contrario, pues, el clima de violencia se palpa en sus actos vandálicos que no solo alteran el desarrollo normal de las actividades de la Universidad –en ocasiones las clases son suspendidas-, sino que, además, ponen en peligro la integridad física de los alumnos y del personal que en ella trabaja, arrojando en las aulas cócteles molotov caseros, destrozando  ventanas y apedreando indiscriminadamente a todo aquel que pase por la zona.

Lamentablemente, este año no ha sido una excepción. No se tomaron las precauciones adecuadas, y tras la mencionada manifestación, un reducto de aproximadamente 40 autodenominados “antifascistas” accedió a la Facultad con la única finalidad de asaltar la asociación “FORO UNIVERSITARIO FRANCISCO DE VITORIA”, por el mero hecho de ser de ideología conservadora y católica. Reventaron la puerta de la sede que ésta tiene en la Facultad, destrozaron el mobiliario y persiguieron a algunos de los miembros de la Asociación, llegando incluso a agredirles a mano armada con extintores, cascos de moto y bates de béisbol, causándoles considerables lesiones que pusieron en riesgo su integridad.

Vivimos engañados. Nos han hecho creer que estamos en un Estado de Derecho en el que la Ley es igual para todos, donde la norma coacciona al individuo pero, en realidad, nos encontramos ante una libertad incontrolada, que se hace absoluta e ilimitada para quien hace uso legítimo de sus derechos y libertades. Los Principios Constitucionales que unieron al pueblo español, hace más de 30 años, caen en saco roto cuando nuestra libertad –en este caso de expresión–  es pisoteada por la libertad del otro, no garantizándose ese orden jurídico de seguridad en el que creíamos vivir.

La Constitución Española establece claramente en su artículo 21 el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, y añade: “En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.

Se está abusando una y otra vez de este derecho de reunión que, con base en los precedentes, es evidente que no se trata de una manifestación pacífica, ya que lamentablemente siempre acaba con episodios violentos y temerarios, alterando claramente el orden público y, esta vez, poniendo en peligro la vida de cinco personas. No están ejerciendo ningún derecho, sino perpetrando un delito que debe ser condenado.

El derecho de reunión, según el Tribunal Constitucional, “es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas y reivindicaciones”. Este derecho debe  garantizarse en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna por razón del contenido de los mensajes que pretenden transmitir los promotores de las concentraciones. Pero lo que en ningún caso se puede permitir es que se transgredan los límites marcados por la Ley y, mucho menos,  que las autoridades y responsables públicos -mediando consentimiento implícito-  no den la importancia debida a estos atentados con el correspondiente peligro que acarrean, ya no sólo a los bienes, sino también a las personas.

Todo vale para defender sus ideas, incluso la violencia, la vejación, la intolerancia y la persecución política cada 20-N por creer pacíficamente en valores distintos a los suyos. Seguimos dando pasos hacia atrás, amparándonos en una Constitución de libertades sin límites.

Loreto Frutos Mancha
Letrada ICAM
Antigua alumna Derecho UCM