La Justicia Silenciada
Carlos Cervera
Hace tan sólo quince meses el partido que en la actualidad gobierna España traía en su programa electoral una serie de reformas en materia de Justicia que podrían resumirse en tres principios básicos: Transparencia, Responsabilidades de los cargos públicos y Austeridad.
En ese documento, que en una democracia debería tener valor contractual y fuerza vinculante, se aseguraba a los españoles, independientemente de su signo político, que si el partido alcanzaba el poder, se pondría en marcha la tan manida regeneración democrática y la revalorización de las instituciones.
Pocos meses mas tarde, el veintiuno de noviembre de dos mil doce, asistimos desolados a la primera reforma impulsada por este gobierno, consistente en la aplicación de un “repago” en la Justicia bajo el título de Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, lo que en esencia es un tributo a pagar por el ciudadano para acceder a la Justicia.
Esto no estaba en el programa, pero, sin embargo, fue la primera medida adoptada con un único fin: Recaudar impuestos y evitar que los ciudadanos accedan a la Justicia, que recordemos, es un Derecho Fundamental consagrado en el artículo 24 de nuestra Constitución.
La comunidad Jurídica, en un ejercicio de unión sin precedentes, clamó contra esta Ley restrictiva, limitadora e incluso violenta con el ciudadano. Jueces, Secretarios, Oficiales, Abogados y Procuradores exigimos su eliminación inmediata.
Por primera vez en la legislatura, habíamos sido engañados. El compromiso de la Austeridad solo se aplica al ciudadano, que si necesita acudir a la Justicia, más le vale ser austero en otros ámbitos de su vida, porque aquí le tocará pagar (y mucho).
A principios de mayo, el Ministro de Justicia compareció en el Congreso para explicar la segunda gran medida en materia de Justicia del Gobierno. Se trata de la sustitución del Juez Instructor por el Fiscal Investigador.
Según esta reforma, sobre la cual ha escrito mucho y bien Juan Gonzalo Ospina, el Fiscal, incardinado en una estructura jerarquizada dirigida por el Fiscal General del Estado, nombrado por el Presidente del Gobierno, será ahora quien lleve el peso de la investigación. Decidirá qué y a quién se investiga. Tendrá acceso privilegiado a todas las informaciones en el curso de un sumario.
Y no perderá su total dependencia del poder político. Me remito en todas las demás consideraciones a los artículos publicados en esta página, todos ellos ilustrativos y bien fundados en derecho.
Por segunda vez, habíamos sido engañados. El compromiso de someter a los cargos públicos a un estricto régimen de responsabilidad se diluye. No existirá imparcialidad en la investigación de los delitos, el fiscal no es independiente. La conveniencia determinará qué se investiga y qué no. Podríamos confiar en que, tras este cambio, los políticos serán más responsables y no perturbaran al fiscal en sus investigaciones…Podríamos.
Hoy, veintinueve de mayo de dos mil trece, nos despertamos con la noticia de que el gobierno pretende una reforma del Código Penal que habilite al Juez para que prohíba informar a los medios de comunicación sobre los procesos judiciales.
Una comisión de expertos estudia cómo conseguir que la Justicia se olvide del Principio de Publicidad, consagrado con carácter universal para todos los procesos salvo para algunos casos tasados, expresamente contemplados en la Ley, de especial protección para la víctima y el menor.
Mediante esta herramienta, el Sistema podrá imponer penas a los periodistas que informen sobre procesos judiciales. No sólo se les prohibirá informar, no sólo se les privará de su Derecho Fundamental a la Libertad de Información, no sólo se les amordazará desde el Poder Público, no sólo se les adoctrinará sobre aquello que pueden decir. Además, serán responsables penalmente si incumplen estas imposiciones. Pagarán con su libertad su compromiso con la información.
Un gobierno que empobrece a sus ciudadanos, que protege a su Sistema y que encarcela a sus periodistas puede llamarse de muy diversas maneras. Democrático no es una de ellas.
Nos han engañado por tercera vez. La transparencia que nos vendían también ha sido aniquilada. No hay transparencia sin información. La información, según el Tribunal Constitucional, es “garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático”.
Hoy, veintinueve de mayo de dos mil trece, el Derecho Fundamental a la libertad de Expresión y de Información agoniza. Hoy somos menos libres. Hoy se criminalizan conductas libertarias. Hoy debemos alzar nuestra voz.
¡Así NO!
El Sistema, con independencia de su color, ataca al ciudadano. Como Juristas tenemos el deber de guardar y hacer guardar la Constitución. Cumplámoslo. Cada reforma llevada a cabo en Justicia nos afecta, nos ataca.
La independencia Judicial y la Justicia vuelven a comprometerse por un Sistema que cercena nuestras libertades y vacía nuestros bolsillos.
Carlos Cervera
Abogado
*La opinión del presente artículo es del autor y no vincula a la presente plataforma.
